Familiares de presos políticos exigen ante el Parlamento venezolano la aplicación plena de la Ley de Amnistía

El Comité de Amigos y Familiares de los Presos Políticos (Clippve), nuevamente, se movilizó junto a familiares hasta el Palacio Federal Legislativo para que todas las personas que son excluidas de la Ley de Amnistía sean incluidas. Esta es la segunda visita que hacen al parlamento, la última fue el 10 de febrero de 2026. 

Los asistentes firmaron planillas con los casos particulares de quienes continúan tras las rejas y han sido excluidos del instrumento legal, para luego trasladarse hasta la sede administrativa del Parlamento. Durante la actividad, familiares denunciaron las dramáticas condiciones que enfrentan los detenidos, así como la falta de respuesta ante situaciones críticas.

Andreína Baduel, periodista, activista y hermana del preso políticos Josnar Baduel, afirmó: “Hoy después de casi un mes que estuvimos aquí advirtiendo que si se aprobaba una ley en las condiciones que querían aprobar, iba a ser una ley insuficiente y excluyente, vinimos a ratificar las denuncias porque hicieron caso omiso a los cientos de testimonios de víctimas que escucharon el 10 de febrero donde le decíamos que iban a quedar más de la mitad de los presos políticos excluidos”. 

Baduel señaló que no existe celeridad en el proceso de Ley de Amnistía para aquellas personas que están optando por el beneficio. “Aunado a ello, queremos denunciar que no hay la real voluntad política de hacer las cosas distintas porque si así fuese no existieran los centros de tortura como El Rodeo I y como Guaicapuro donde los presos políticos siguen siendo amenazados y torturados, a pesar de que hablan de reconciliación nacional”. 

Además, denunció que no ha habido cambios circunstanciales en las liberaciones y que existen más de 70 familias esperando afuera de los centros de reclusión del país y que no descansará hasta que haya libertad. Recordó que aún existen personas en estado de desaparición forzada como Victor Hugo Quero, quien tiene 14 meses detenido y a su madre se lo siguen negando. 

Dentro de su declaración a la prensa, Baduel advirtió que al comité han llegado denuncias de familiares que están siendo extorsionados al momento de querer solicitar la amnistía. “Todo el poder del Estado sigue mintiendo y burlándose de las víctimas y no han cambiado las condiciones, por el contrario, persiste el horror y persiste la amenaza”. 

Presión para que se declarara culpable 

Durante la rueda de prensa ofrecida este 5 de marzo, Yaxzodara Lozada, pareja de Joel Bravo —funcionario policial vinculado al presunto caso de los explosivos en Plaza Venezuela—, declaró que su esposo es inocente y denunció que en la reciente audiencia preliminar habrían presionado a los acusados para declararse culpables.

Lozada aseguró que ni su pareja ni los demás involucrados pueden admitir responsabilidad en un hecho que no cometieron y pidió que se revisen los expedientes. También añadió que le han informado que su esposo ni los involucrados entran dentro del beneficio de la Ley de Amnistía. 

Mencionó que Bravo lleva siete meses detenido en la sede de la PNB en Zona 7, Boleíta, a la espera de que se demuestre su inocencia y pueda salir en libertad.

Por su parte, Milagro Astudillo, esposa del sargento primero Luis Milanés Chirinos, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, pidió que los militares sean incluidos en la Ley de Amnistía.

Astudillo denunció que, en el marco de la causa de los sargentos de Cotiza, dos de ellos se encuentran actualmente recluidos en el Fuerte Guaicapuro en condiciones que calificó como inhumanas. 

Según su testimonio, los familiares de estos militares no han recibido respuesta alguna sobre su situación real. La solicitud de inclusión de los militares en la Ley de Amnistía se suma a las demandas de otros familiares de presos políticos que continúan esperando respuestas por parte del Estado.

Al lugar se congregaron familiares que antes no se había atrevido a hablar como el caso de Alba Rodríguez, esposa del ciudadano colombiano Yonaider Berríos, relató que su pareja estuvo secuestrado durante más de un año y que hace apenas una semana confirmaron su reclusión en El Rodeo I. 

“Los familiares de los presos políticos nos hicieron el favor de gritarle desde la colina donde suben y mi esposo respondió y dijo que nos quería mucho”, contó Rodríguez, quien logró sostener una llamada telefónica con él el pasado 4 de enero. En esa conversación, Berríos manifestó que los extranjeros no reciben ningún beneficio. La mujer hizo un llamado a la Embajada de Colombia para que interceda por sus ciudadanos.

Emotivo llamado por los “gedeones”

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada lo protagonizó Nancy Peñaloza, madre de José Moreno, uno de los militares detenidos en el marco de la denominada Operación Gedeón. Peñaloza, residente del estado Táchira, denunció entre lágrimas que su hijo “está desnutrido” en el Fuerte Guaicaipuro. 

Según los familiares, los “gedeones” estuvieron desaparecidos por seis meses y actualmente se encuentran en condiciones infrahumanas. Los pudieron ver después de la primera visita de los familiares a la Asamblea Nacional, el 10 de febrero. 

Durante la manifestación, Nancy Peñaloza se desplomó y tuvo que ser auxiliada por otros asistentes. “Que mi hijo esté en libertad, todos los gedeones. ¿Hasta cuándo?”, clamó.

Entrega de documento y respuesta oficial

Diego Casanova, miembro del Clippve, informó que tras la recolección de firmas y planillas, los manifestantes fueron recibidos en la sede administrativa de la Asamblea Nacional por la diputada oficialista Carolina García Carreño, integrante de la Comisión de Política Interior y de la comisión de seguimiento para la Ley de Amnistía.

“Ella está supuestamente al tanto de todo lo que está ocurriendo, que están haciendo lo que esté dentro de sus competencias. Nos manifestó que los casos que ellos están revisando, que no encuadran dentro de la Ley de Amnistía, los están refiriendo al programa de Convivencia y Paz”, señaló Casanova.

El activista detalló que entregaron ante el Parlamento un documento en el que se exponen los “patrones de horror y tortura, tratos crueles y violaciones de derechos humanos que sufren los presos en las cárceles, pero también de las familias”. Asimismo, indicó que hicieron un llamado para que se tomen en cuenta a los militares, los adolescentes y las personas en condiciones de salud críticas.