El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alerta sobre 60 detenidos en riesgo de muerte sin atención médica

Desde la Universidad Central de Venezuela, El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) advirtió este miércoles, 18 de junio, sobre el agravamiento de la represión en el país. Durante una rueda de prensa, sus representantes alertaron que hay 60 presos políticos en estado grave de salud sin acceso a atención médica, y denunciaron también desapariciones forzadas.

“En la actualidad persiste una ola represiva que se ha mantenido en incremento en las últimas semanas. Situación que repudiamos y queremos alertar a la comunidad internacional”, afirmó Andreína Baduel, miembro del comité, al comenzar su intervención.

Durante la actividad, Baduel informó que el Comité ha podido registrar al menos 60 personas en condición de desaparición forzosa, citando declaraciones recientes del ministro de Defensa. “El ministro, en una rueda de prensa, hizo alusión a 60 capturas materializadas. Hasta la fecha, hoy, esas personas se mantienen en desaparición forzosa”.

Otra cifra alarmante que compartieron es la de 60 privados de libertad en riesgo de muerte debido a la falta de atención médica. “Insisto en que si no reciben atención médica especializada y siguen sometidos a esas condiciones de reclusión inhumanas, como lo que ocurre en El Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro o Tocorón, lamentablemente se pueden presentar nuevas muertes bajo custodia del Estado”, advirtió Baduel.

Agregó que los tratos crueles y la falta de atención médica especializada representan una amenaza directa a la vida de los detenidos: “Muchos están en riesgo de muerte si no reciben atención médica especializada”.

Aislamiento como forma de tortura

Durante su intervención, Baduel también denunció que el aislamiento prolongado continúa siendo usado como mecanismo de tortura, no solo para los detenidos, sino también para sus familias, que pasan meses sin ningún tipo de contacto.

Indicó que en la sede del Sebin en El Helicoide hay 16 presos políticos en aislamiento, incluyendo a figuras como Freddy Superlano, quien está próximo a cumplir un año detenido sin poder ver a su familia, al igual que Jesús Armas y Pedro Guanipa, quien lleva ocho meses sin ningún tipo de contacto con sus seres queridos.

Recordó además que aún permanecen detenidos cuatro adolescentes “por pensar distinto”, lo cual calificó como un hecho especialmente grave ante el silencio oficial. Insistió en la urgencia de que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para constatar el estado real de los presos políticos.

“Sigue la persecución política para todos los que se atreven a alzar la voz. Queremos reiterar lo que denunció la Oficina del Alto Comisionado esta semana: que continúan las violaciones de los derechos humanos en los distintos centros de reclusión del país y continúan los malos tratos”, reiteró Baduel.

Voces desde el encierro

En el acto también tomó la palabra Ramón Guanipa, hijo del dirigente Juan Pablo Guanipa, quien exigió su liberación y pidió que no se le trate como un criminal. 

“Vengo como otro miembro de la estadística, como una persona que tiene a un ser querido detenido injustamente. Mi padre, primero que nada, no es un criminal, como ninguno de los presos políticos. Son personas que levantaron su voz porque querían un cambio y la libertad del país”, expresó.

Agregó que los presos políticos están “pagando el precio de ser valientes”. “Estoy aquí en representación de mi padre con la frente en alto, así como él la tuvo cuando lo detuvieron, y hacemos un llamado a todos los organismos pertinentes que no lo dejen solo”.

Guanipa aseguró que su familia no se callará y que continuarán exigiendo libertad para su padre y para su tío, el también dirigente Pedro Guanipa.

Otra de las voces que se alzó durante la jornada fue la de Betzaida Natera, madre del sargento mayor de tercera Giomer Martínez Natera, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, quien denunció el traslado arbitrario de su hijo desde Ramo Verde al Fuerte Guaicaipuro, sin previo aviso.

“El 20 de abril fue la última vez que mantuve algún tipo de comunicación con él. No sé absolutamente nada. Vengo de Oriente, desde Cantaura, y le hago el llamado a los entes internacionales de los derechos humanos para que se aboquen a ayudarlo, porque estamos solicitando que no sigan los maltratos ni las torturas, y que nos dejen ver a nuestros familiares”, clamó Natera.

Situación de Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres

Francy Fernández, esposa del periodista y activista de derechos humanos Carlos Julio Rojas, denunció las condiciones en las que se encuentra su pareja, detenido desde el 15 de abril en la sede del Sebin. Contó que recientemente logró verlo, aunque solo durante cinco minutos.

“Hace ocho días lo vi, y lo único que me pudo decir fue que su tensión baja está por encima de 100. No sé si continúa en las mismas condiciones que la semana pasada. Hago un llamado a la nueva administración del SEBIN, al nuevo director, para que le levante el castigo”, expresó.

Fernández insistió en que su esposo no es responsable de lo sucedido y que no entiende por qué está siendo castigado. “Hago un llamado a la nueva administración para que tome en consideración que le están violando los derechos a Carlos Julio”.

Por su parte, Emiselys Núñez Ávila, esposa del abogado y activista de la ONG Provea, Eduardo Torres, denunció que han transcurrido más de 50 días desde su detención arbitraria e ilegal, sin que su familia haya tenido contacto con él.

“Se le han violado todos sus derechos, y sus familiares no han tenido contacto con él. No sabemos cómo está su salud física ni emocional. No sabemos nada de él desde su detención, el 9 de mayo. Nosotros queremos hacerle un llamado a los organismos internacionales que continúen con el apoyo a Venezuela, por favor, no nos dejen solos”.

Núñez Ávila señaló que el gobierno pretende silenciar a quienes piensan diferente y aspiran a un país distinto. Reiteró la urgencia de visibilizar estos casos y de mantener la presión internacional para evitar que la situación empeore.

Por su parte, Marino Alvarado, abogado de Provea, recordó que a muchos de los detenidos –en contexto político– están incomunicados y se les niega la posibilidad de ver a sus familiares y a un abogado, situación que es inconstitucional. 

“Ni un familiar lo ha podido ver a los presos y ni siquiera un abogado. Además, de la desaparición forzada que se quiere convertir en política de Estado y por eso exigimos al Ministerio Público que actúe en esta situación porque no es un problema de los carceleros, de los directores de cárceles: es un problema en las estructuras del Estado y hay un silencio injustificable del defensor del pueblo y del fiscal general de la república frente a esta situación”, sentenció el abogado. 

La esposa de Pedro Guanipa, Carol Figueredo, también alzó la voz y enfatizó que tiene más de 260 días detenido en El Helicoide y que forma parte de los 16 presos políticos que no han podido tener visitas. 

“Tenemos 265 días sin ver a Pedro y hay personas que tienen más. Quiero pedirles a los que llevan las riendas del país que tienen la posibilidad de cambiar esta situación y que como seres humanos se pongan un poquito en el puesto de nosotros porque no es posible que mis hijos, y que los hijos de los demás detenidos, tengan tanto tiempo sin ver a sus padres”.

Pedro Guanipa fue detenido el 26 de septiembre de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, en la Guajira. Desde el primer momento, sus familiares calificaron la detención como un secuestro.