Clippve y familiares denuncian ante el Palacio de Justicia que la Ley de Amnistía no resuelve la crisis de los presos políticos en Venezuela

En una jornada de movilización y protesta pacífica, madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos se congregaron este lunes, 3 de marzo, en las adyacencias del Palacio de Justicia, en Caracas, para hacer entrega formal de un documento con múltiples denuncias sobre la situación de los ciudadanos que permanecen privados de libertad por razones políticas.

Los manifestantes exigieron el cumplimiento inmediato de una amnistía que cobije a la totalidad de los presos políticos y excarcelados, medida cuya promesa —recordaron— fue emanada desde la Asamblea Nacional. Los activistas fundamentaron su petición en los artículos 45, 51, 59 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan el derecho a petición, la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos.

Durante la concentración, Seiram Rivas, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), destacó que la visita al Palacio de Justicia forma parte de las actividades que la organización ha venido realizando para visibilizar la realidad de los presos políticos y sus familiares.

«Estamos agotando todas las instancias y así como hemos ido al Ministerio Público, a la Fiscalía, al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Hoy estamos acá muchos familiares para interponer este recurso de amnistía», afirmó. Añadió que ella, en su condición de expresa política, también se sumaba a la acción por los hechos ocurridos durante las protestas de 2014, cuando cientos de estudiantes fueron detenidos injustamente y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

«Cuando se vio este inicio más cruento de la persecución en Venezuela, luego de las elecciones del 2024 se convirtieron en una situación de terrorismo de Estado. Sin embargo, como comité queremos dejar muy claro que así como promovemos como familiares esto de agotar las instancias y vengamos a interponer este recurso de amnistía, tenemos que dejar muy claro que no es necesario una amnistía para liberar a todos los presos políticos», sentenció.

La Ley de Amnistía fue aprobada el 19 de febrero, a pesar de la oposición de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron que sus voces no fueron escuchadas antes de su aprobación. Al respecto, Rivas indicó que esta norma no puede convertirse en un mecanismo para prolongar el dolor que viven, día tras día, cientos de familiares a las puertas de los centros de detención, así como los propios presos políticos que permanecen privados de libertad.

Casos que quedan fuera de la amnistía

La activista advirtió que numerosos casos de presos políticos están siendo excluidos del alcance de la amnistía. «Si bien los delitos como traición a la patria, conspiración y rebelión son delitos políticos por excelencia, no se debe promover una amnistía cuando muchos de quienes han sido enjuiciados por estos delitos están quedando por fuera”. 

Calificó la norma —desde su origen— como débil e insuficiente para avanzar hacia una reconciliación nacional. «Casos como Paramacay, Gedeón, Plaza Venezuela, Dron, son muchos de los casos que están quedando fuera de esta amnistía y prolonga el sufrimiento de las víctimas y de los que se encuentran en los centros de reclusión”. 

Rivas señaló, además, que en Venezuela aún existen detenidos en instalaciones consideradas centros de tortura, como el Rodeo I, el Fuerte Guaicapuro y diversas casas clandestinas, y que la amnistía debería servir de punto de partida para el cierre de estos recintos. 

Enfatizó también que continúan reportándose personas desaparecidas cuyos familiares desconocen su paradero, como es el caso de Víctor Hugo Quero, cuya madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, lleva días frente a los centros de detención sin recibir ningún tipo de información sobre él.

Incoherencias en la Ley de Amnistía

Durante la rueda de prensa, el abogado Joel García señaló que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional presenta serias incoherencias jurídicas.

«Si usted lee el artículo uno dice que una Ley de Amnistía es general y plena. Es un pleonasmo porque ya decir amnistía es general y también dice que en el ámbito personal ‘toda persona’ y después dice en el ámbito espacial desde el 1 de enero de 1999 hasta que entró en vigencia, el 19 de febrero de 2026. Sin embargo, te vas al artículo ocho y tiene un catálogo de delitos y hechos políticos que ellos reseñan, entonces, no es general y no cubre el periodo que dice», explicó el jurista.

Sobre las exclusiones, García denunció que las personas excluidas de la ley no pueden designar defensores privados. Relató que, al intentar hacerlo, el juez Carlos Liendo le informó que la designación debía ser firmada por el propio imputado, lo cual resulta imposible dado que la persona se encuentra incomunicada y sin acceso a sus familiares.

«Esa ley puede dar libertades, pero no significa nada porque esa ley no habla de reparación, no habla de indemnización y no pide perdón a las víctimas. El centro de gravedad de una ley de amnistía son las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el régimen pretende que las víctimas sean quienes le piden perdón a ellos. Esta ley está concebida como una estafa más», criticó García.

Denunció, asimismo, que los lapsos establecidos en la Ley de Amnistía no se están cumpliendo, que existe una improvisación considerable en su implementación y que los tribunales aún aguardan instrucciones sobre cómo proceder. «Hicieron una ley que no dignifica y, además, que los tribunales están esperando instrucciones de lo que van a hacer», advirtió.

Desde el Clippve se continuarán impulsando actividades hasta alcanzar la libertad plena de todas las personas detenidas por motivos políticos. La concentración del 3 de marzo se suma a las constantes solicitudes que organizaciones no gubernamentales y familiares han realizado en los últimos meses para visibilizar lo que califican como una crisis humanitaria y judicial en el sistema penitenciario del país.