Silencio estatal obliga a familiares de presos políticos a recurrir a la ONU en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela, acompañados por representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunciaron este viernes ante la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Caracas la total falta de respuesta por parte de instituciones del Estado venezolano a sus peticiones formuladas hace un mes.

Este 28 de marzo presentaron las denuncias consignadas del 17 al 20 de febrero cuando familiares realizaron la Ruta por la Justicia, que consistió en recorrer el Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Fiscalía General para entregar documentos con solicitudes urgentes, entre ellas: la revisión de casos individuales, la creación de una mesa de diálogo, el acceso a atención médica oportuna y especializada, la libertad plena e inmediata para todos los detenidos políticos, el derecho a defensa privada, el fin de traslados arbitrarios sin notificación y la garantía de visitas familiares sin restricciones.

Sin embargo, transcurrido un mes —y superados los 15 días hábiles que las propias autoridades indicaron como plazo de respuesta—, ninguna institución ha respondido ni se ha comunicado con los familiares.

“Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares”, denunció Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas Jesús Armas, detenido desde el 10 de diciembre de 2024. 

Rivas reveló haber sido “nuevamente amenazada” por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y anunció la entrega formal ante la ONU de un documento que reitera las peticiones y exige acciones concretas al organismo internacional.

Entre las solicitudes dirigidas a la ONU figuran:

• Un llamado urgente al Estado venezolano para que cese el aislamiento prolongado de los presos políticos
• La gestión de medidas humanitarias para aquellos que padecen graves patologías
• La intercesión ante el Estado para detener la persecución y el hostigamiento contra familiares y defensores

Rivas también cuestionó la “falta de coherencia” del gobierno de Nicolás Maduro, quien recientemente denunció la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador por parte de Estados Unidos, mientras en Venezuela se niega el debido proceso a presos políticos: 

“Hablan del debido proceso, pero nuestros presos políticos, en muchos casos, ni siquiera saben cuáles son los cargos que les imputan ni quién es su defensor público. Han sido presentados en audiencias clandestinas, incluso en los mismos lugares donde fueron torturados”.

En la misma línea, Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano —detenido desde el 30 de julio de 2024—, denunció que su esposo cumple ya ocho meses en aislamiento prolongado en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin acceso a visitas, sin información sobre su estado de salud y con una flagrante violación de sus derechos fundamentales.

“Mi esposo tiene ocho meses secuestrado en el Helicoide. Es difícil creer en el discurso cínico del chavismo, que acusa a El Salvador de tener ‘secuestrados’ a los migrantes, mientras ellos mantienen a nuestros seres queridos en condiciones inhumanas”, afirmó Silva.

Ante la indiferencia del Estado venezolano, los familiares y la sociedad civil exigen a la comunidad internacional, y en particular a las Naciones Unidas, que asuman un rol activo para proteger los derechos humanos en Venezuela y presionen por la liberación inmediata de todos los presos políticos, el respeto al debido proceso y el cese de la represión contra sus seres queridos.