«Las cárceles venezolanas están llenas de inocentes, no de terroristas», fue una de las consignas que pronunciaron los familiares de las personas detenidas por motivos políticos en el país
La Ruta por la Justicia y la Libertad moviliza a familias y activistas en exigencia de libertad plena para los presos políticos

Tras dos jornadas exitosas y profundamente simbólicas, la Ruta por la Justicia y la Libertad, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), logró articular una poderosa movilización ciudadana en defensa de los derechos fundamentales de quienes han sido privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.
Desde el lunes 24 de febrero, familiares de presos políticos, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales han recorrido instituciones clave del sistema de justicia venezolano para denunciar las graves violaciones sistemáticas al debido proceso, la criminalización de la disidencia y la instrumentalización punitiva del aparato judicial.
«Las cárceles venezolanas están llenas de inocentes, no de terroristas», fue una de las consignas que resonó con fuerza durante las concentraciones, reflejando el clamor de quienes han visto a sus seres queridos encarcelados tras detenciones arbitrarias, procesos sumarios y acusaciones fabricadas los cargos de “terrorismo” o “traición a la patria”.
Primera jornada: Palacio de Justicia de Caracas

El lunes 24 de febrero, el CLIPPVE entregó formalmente un documento a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Katherine Harrington, en el que se exige:
- La libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos
- El cese de la judicialización de la protesta social
- La recepción y tramitación efectiva de los recursos de Habeas Corpus en todos los tribunales del país
- El respeto al derecho de designar un abogado de confianza
- El cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Nacional (inviolabilidad de la libertad personal) y del artículo 45, que prohíbe la desaparición forzada
En el escrito, el CLIPPVE denunció que «las audiencias ante los tribunales de terrorismo, muchas celebradas por videoconferencia, son sumarias y colectivas», y que «los delitos son anunciados públicamente por el Fiscal General y autoridades del Ejecutivo antes de cualquier investigación, violando el principio de presunción de inocencia».
Esta práctica, señala el documento, confirma lo advertido por la ONU sobre el uso abusivo de leyes antiterroristas para perseguir a disidentes.
Segunda jornada: Defensa Pública

Este martes 25 de febrero, la movilización llegó a la Defensa Pública en Caracas, institución que, en lugar de garantizar la tutela judicial efectiva, ha sido cómplice estructural en la negación del derecho a la defensa.
«Estamos aquí para exigir a la Defensa Pública que haga su trabajo», afirmaron los voceros del CLIPPVE durante una concentración que duró más de dos horas frente al edificio. Denunciaron que, desde el lanzamiento de la operación represiva conocida como «Furia Bolivariana» en enero de 2024, se ha agravado la imposibilidad de los detenidos para contratar abogados de confianza, siendo asignados defensores oficiales sin independencia ni voluntad de defender.
«Urgimos a todos los funcionarios de la Defensa Pública a actuar con profesionalismo y lealtad al Estado de Derecho, no al poder político», enfatizaron.
Las otras paradas de la Ruta por la Justicia y la Libertad

El CLIPPVE mantiene su calendario de movilizaciones con el objetivo de exigir responsabilidades y cambios concretos:
El miércoles, 26 de febrero, la parada fue en la sede de la Defensoría del Pueblo. En esa movilización se denunciaron las condiciones inhumanas de detención y la exigencia de intervención urgente para proteger la integridad física y psicológica de los presos políticos.
La siguiente parada fue el día siguiente, 27 de febrero, en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, ubicado en El Rosal, Caracas.
La exigencia se basó en las mejores en las condiciones carcelarias y cumplimiento de estándares internacionales de trato digno como establecen las Reglas Nelson Mandela, un conjunto de estándares y directrices de las Naciones Unidas que establecen las condiciones mínimas para la gestión penitenciaria y el tratamiento de los reclusos, basándose en el respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura.

La última parada fue en el Ministerio Público, en Parque Carabobo, Caracas, el 28 de febrero. El llamado de los familiares se centró en realizar investigaciones imparciales sobre casos de tortura, muerte bajo custodia, abusos y persecución política, y a garantizar la libertad plena y los derechos humanos de todos los detenidos por motivos políticos.
La Ruta por la Justicia y la Libertad no es solo una movilización: es un acto de resistencia pacífica, de memoria colectiva y de exigencia de justicia. Es la voz de madres, padres, esposas, hijos y hermanos que no se cansarán de caminar hasta que sus seres queridos recuperen su libertad y su dignidad.
El CLIPPVE reitera su compromiso con la no violencia, el derecho internacional de los derechos humanos y la búsqueda de una Venezuela donde la justicia no sea un privilegio del poder, sino un derecho para todos.

