Familiares de presos políticos entregan documento en la ONU y denuncian 40 días de “tortura psicológica”

El miércoles 18 de febrero, familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores y miembros de la comunidad en general se concentraron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas para exigir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

Durante la jornada, una comisión hizo entrega de un documento en el que se detallan las situaciones que han enfrentado los familiares de personas detenidas por razones políticas durante los 40 días que han permanecido a las afueras de distintos centros de reclusión, en espera de la libertad de sus hijos, hermanos y esposos.

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel —recluido en Rodeo I— e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció el impacto emocional que ha significado este tiempo de espera e incertidumbre.

“Han pasado más de 40 días de promesas incumplidas, 40 días que juegan con la libertad y esperanza de los familiares, 40 días que se han traducido en una tortura psicológica para todos, más de 40 días que hemos apostado afuera de los centros de reclusión esperando por los nuestros”.

Baduel subrayó que cualquier iniciativa que hable de “reconciliación” debe incluir a todas las víctimas. “Esta Ley de Amnistía que pretenden aprobar excluye a muchísimos y solo nos sigue revictimizando”, señaló.

Asimismo, afirmó que en Venezuela continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos humanos y recordó que, según cifras del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, más de mil personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país. Indicó que detrás de cada caso hay una familia que vive a diario el dolor de la separación y la incertidumbre.

Baduel, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que continúe acompañando y respaldando la exigencia de libertad plena.

Denuncias de tortura

Durante la concentración también intervino Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, vinculado a la causa Gedeón y quien estuvo seis meses en desaparición forzada. Afirmó que en el país persisten prácticas de tortura contra los presos políticos.

“Le siguen impidiendo el acceso al medicamento, a comida, a revisión. Para muestra un botón miren a los gedeones como están, después de seis meses como se deterioraron. Vimos a los gedeones el jueves pasado y están irreconocibles. Los están volviendo locos”.

Quiñones dirigió además un mensaje a Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, instándole a priorizar las vidas humanas por encima de los intereses políticos o económicos.

“Si usted viene a hacer un país, viene hablando de hacer reconciliación, ayudarnos a levantar económicamente, primero empiece por las vidas humanas. Empiece por todos esos presos que están entre rejas por pensar distinto”, dijo.

Carmen Teresa Navas, de 81 años, también participó en la concentración pacífica para exigir la fe de vida de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, a quien tiene más de 14 meses sin ver.

La adulta mayor denunció que durante ese tiempo no ha tenido información confirmada sobre el paradero ni el estado de salud de su hijo. Explicó que ha acudido en reiteradas oportunidades a distintas instituciones del Estado venezolano sin obtener respuestas oficiales.

Según relató, el último dato que recibió indicaba que podría encontrarse recluido en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, pero no ha podido verificar la veracidad de esa información porque ninguna autoridad le ha permitido constatar su paradero. Quero Navas fue detenido el 2 de enero de 2025 y, de acuerdo con su madre, no cuenta con otros familiares que puedan ayudarla, por lo que ella misma ha acudido a todas las instancias posibles.

Una Ley de Amnistía inclusiva

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, exigió el cese de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y pidió a los organismos competentes garantizar las garantías fundamentales en el país.

Durante su intervención denunció que la desaparición forzada continúa siendo una práctica que afecta a numerosas familias y exigió respuestas para quienes aún buscan a sus seres queridos.

Ávila se refirió al debate en torno a la Ley de Amnistía, señalando que el instrumento legal debe incorporar las voces de las víctimas directas de la represión. Advirtió que, en su redacción actual, el proyecto dejaría por fuera a aproximadamente 500 presos considerados políticos, por lo que instó a que el proceso sea verdaderamente inclusivo.

Esta actividad se suma a otras acciones emprendidas por los familiares en las últimas semanas. Entre ellas, acudieron al Palacio de Justicia para exigir respuestas y visibilizar casos graves; también se dirigieron a la Asamblea Nacional de Venezuela para manifestar su rechazo a la propuesta de Ley de Amnistía.

Además, el pasado 12 de febrero se unieron a estudiantes, trabajadores y miembros de la sociedad civil en una jornada de movilización para reiterar su exigencia de democracia, una transición sin presos políticos y una ley que sea sinónimo de libertad, reparación y no repetición.