Familiares de presos políticos, acompañados por estudiantes y miembros de la sociedad civil, se movilizaron el 10 de febrero frente al Palacio Legislativo y el 12 de febrero en el marco del Día de la Juventud para exigir la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos sin distinción
Familiares de presos políticos denuncian Ley de Amnistía excluyente y exigen liberación sin distinción
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CLIPPVE
El 10 y el 12 de febrero, familiares de presos políticos, junto a estudiantes, trabajadores y miembros de la sociedad civil, protagonizaron dos jornadas de movilización en Caracas para exigir la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, sin distinción, y rechazar la aprobación de una Ley de Amnistía que no incluya a todos los afectados ni cumpla con las garantías constitucionales. Ambas iniciativas se suman a la realizada el pasado 3 de febrero en el Palacio de Justicia, donde intentaron entregar un documento sobre casos de desaparición forzosa que no fue recibido por las autoridades.
10 de febrero: concentración frente al Palacio Legislativo
El 10 de febrero, familiares, estudiantes, trabajadores y representantes de la sociedad civil se concentraron frente al Palacio Legislativo, en Caracas. Durante la manifestación, Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad para los Presos Políticos y hermana de Josnar Baduel —detenido en El Rodeo I y, según su familia, víctima de torturas en múltiples ocasiones—, expresó su rechazo a la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada en primera discusión.
Baduel sentenció: “Estamos aquí en la Asamblea Nacional luego de que el 8 de enero se hiciera un anuncio de excarcelaciones masivas. Anuncio que no ha cumplido en su totalidad el Estado venezolano, aunado a ello estamos aquí para denunciar que una Ley de Amnistía en las condiciones que ellos pretenden aprobarla, sería una Ley de Amnistía excluyente y sería prolongar el dolor de los que tienen años aguantando tanta crueldad”.
Explicó que más de la mitad de los presos políticos podrían quedar fuera si la ley se aprueba sin escuchar a las víctimas. Reiteró que, durante años, los familiares han acudido a distintas instituciones del Estado con el único propósito de ser escuchados y de plantear la necesidad deconstruir una mesa de encuentro nacional, sin obtener respuesta. Por el contrario, denunció que sehan registrado nuevas violaciones de derechos humanos.
También recordó que las familias llevan más de unmes pernoctando a las afueras de centros de reclusión, desde que se anunciaron las excarcelaciones masivas. Denunció que “Los tratos crueles para los presos políticos persisten. El Rodeo I sigue siendo un centro de tortura, así como los siguen siendo otros centros de reclusión”. Ratificó que no bajarán la guardia y que continuarán denunciando las condiciones a las que están sometidos sus familiares.
En la misma actividad intervino Jackeline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, quien, junto a sus hermanos Juan y Otoniel, suma más de 20 años privado de libertad, vinculado al caso del fiscal Danilo Anderson. La familia sostiene que el proceso ha estado marcado por irregularidades e injusticias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el proceso como fraudulento y lleno de irregularidades, y exigió la liberación inmediata de los tres hermanos.
Sandoval manifestó su rechazo a la Ley de Amnistía, señalando que su esposo y otros familiares quedarían excluidos. Afirmó que cualquier normativa de este tipo debe contemplar mecanismos de reparación y garantías de no repetición, para evitar que continúen atropellos y persecuciones, como —indicó— ocurrió recientemente con Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido horas después de su excarcelación y recibió medida de casa por cárcel.
Ese día, las víctimas fueron atendidas en la Asamblea Nacional y escuchadas por diputados. Cabe destacar que para el 10 de febrero estaba prevista una sesión ordinaria del organismo, la cual fue suspendida.
Entre los testimonios estuvo el de Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, vinculado a la causa Gedeón. Morales explicó que llevaba meses esperando verlo y que tenían más de seis meses sin contacto. Señaló que acudieron al Ministerio de Servicios Penitenciarios, donde les informaron que 32 personas de esa misma causa no aparecían en el sistema. Días después recibieron una llamada desde el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, para recibir paquetería, pero insistió en que eso no constituye una fe de vida.
12 de febrero: movilización por el Día de la Juventud
El 12 de febrero, en el marco del Día de la Juventud, familiares de presos políticos acompañaron a estudiantes, trabajadores y miembros de la sociedad civil en una movilización nacional para exigir justicia y libertad para todas las personas detenidas por razones políticas.
Durante la jornada, insistieron en que la Ley de Amnistía debe incluir a todos los presos políticos sin distinción y garantizar reparación integral y medidas de no repetición.
En esta actividad, Andreína Baduel afirmó que las víctimas han luchado durante años para que la causa de los presos políticos se convierta en un sentimiento nacional y que hoy, finalmente, lo es.
“Hoy más que nunca tenemos que hacerlo porque el régimen pretende aprobar una Ley de Amnistía a espaldas de las víctimas y sin reconocer muchas realidades, prolongando el dolor y revictimizandonos y no se lo vamos a permitir. Tenemos años denunciando violaciones de derechos humanos y hoy con más razón le decimos al mundo que necesitamos ayuda porque estamos siendo revictimizadas y burladas y que esos canales burocráticos los activan para prolongar el dolor y para efectos propagandísticos”.
Las dos jornadas —la del 10 de febrero frente al Palacio Legislativo y la del 12 de febrero por el Día de la Juventud— reforzaron el llamado a la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos y a la construcción de soluciones que respeten las garantías constitucionales, incluyan a todas las víctimas y eviten nuevas exclusiones.