El aparato represivo sigue intacto: documentar es hoy más urgente que nunca

En su nuevo informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela concluye que, pese a la excarcelación de cientos de presos políticos, las estructuras que hicieron posibles los crímenes de lesa humanidad permanecen sin desmantelar. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) reafirmamos nuestro compromiso de seguir documentando lo que ocurre dentro de los centros de reclusión y en las calles.

Como organización dedicada a la defensa de los presos políticos, CLIPPVE considera que este informe obliga a redoblar —y no a relajar— el trabajo de documentación, acompañamiento y denuncia. 

Mientras el aparato que produjo la tortura, la desaparición forzada y la detención arbitraria siga en pie, cada testimonio recogido, cada caso registrado y cada expediente resguardado son una barrera contra su continuidad.

Una reducción sin reformas necesarias 

La Misión registró una reducción de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas tras el ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. 

Pero, advierte que no se han producido las reformas necesarias para que esos cambios sean duraderos: siguen vigentes las leyes usadas para criminalizar la disidencia, las fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras y prácticas, los colectivos no han sido desarmados y funcionarios implicados en graves violaciones continúan en puestos clave o han sido reasignados.

«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión.

El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro: La tortura no se detuvo 

En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, los expertos documentaron la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una celda subterránea y sellada, conocida como la «máquina del tiempo». Además, de que los familiares no tienen la oportunidad de abrazar a sus seres queridos durante las visitas y tan solo tienen 15 minutos.  

En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigaron el encierro de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes.

Sumado a esto, la misión determinó que después del 3 de enero registraron 64 nuevos casos de tortura, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas. Cientos de personas permanecen además en condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica. Varias muertes bajo custodia estuvieron vinculadas a esa falta de atención médica y a los malos tratos.

Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, vendedor ambulante que murió bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada. Su madre, Carmen Teresa Navas, solo fue informada del destino de su hijo más de un año después de la detención y diez meses después del fallecimiento. Ella murió diez días más tarde.

Detenciones arbitrarias 

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos; el 94 % ocurrió antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, las ONG estiman que entre 379 y 500 personas seguían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde están quienes permanecen privados de libertad y cuál es su situación jurídica. Ese vacío es, precisamente, donde el registro independiente se vuelve la única fuente de verdad disponible.

Los colectivos 

La Misión concluyó que los colectivos son un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de control social. Operan en coordinación o convergencia con autoridades y fuerzas de seguridad, con una superposición tal que miembros de esas fuerzas se han incorporado a grupos civiles armados y, a la inversa, integrantes de esos grupos han pasado a organismos estatales. 

Encontró pruebas de respaldo político, financiación, apoyo logístico y protección institucional, y motivos razonables para creer que el Gobierno les suministró regularmente armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos y equipos de radio.

Estos grupos han cumplido funciones de vigilancia e inteligencia e identificado a personas buscadas por los organismos de seguridad; han participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos; y su control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales les ha permitido premiar la lealtad política y castigar la disidencia.

Cuando ejercen autoridad pública o actúan bajo instrucciones, dirección o control de órganos estatales, su conducta es atribuible al Estado. Y con independencia de ello, el Gobierno venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus abusos.

Justicia y reparación 

La Misión pide desmantelar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y avanzar hacia un proceso de justicia centrado en las víctimas.

«Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas», afirmó María Eloisa Quintero, experta de la Misión, quien añadió que Venezuela debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales.

Nuestro compromiso 

Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, este informe confirma lo que las víctimas sostienen desde hace años: la excarcelación de una persona no equivale al desmontaje del sistema que la encarceló. Por eso llamamos a sostener y ampliar el trabajo colectivo de documentación.

• A las víctimas y sus familiares: a seguir cooperando en el registro de lo ocurrido, dentro de los centros de reclusión y en las calles durante las manifestaciones. Ponemos a disposición nuestros canales de acompañamiento jurídico, psicosocial y de resguardo seguro de la información.
• A la sociedad civil y a la prensa: a articular la verificación y la difusión de los casos. Frente al silencio oficial, la documentación independiente es la garantía de que las cifras y los nombres no se pierdan.
• Al Estado venezolano: a publicar una lista oficial y verificable de personas excarceladas y aún detenidas, con su situación jurídica y lugar de reclusión; a permitir el acceso independiente a los centros de detención; a desarmar a los colectivos; y a garantizar la independencia judicial.
• A la comunidad internacional: a sostener los mecanismos de investigación y la protección internacional a las personas venezolanas en el exterior. La documentación solo sirve si hay instancias dispuestas a recibirla y actuar.

Documentar no es un trámite: es la forma concreta en que las víctimas impiden que el aparato represor siga operando en la sombra. Mientras las estructuras permanezcan intactas, no bajaremos la guardia.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) 

17 de septiembre de 2026