El CLIPPVE valora las excarcelaciones y denuncia que persisten las detenciones, las restricciones y las muertes en custodia

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) seguimos monitoreando y verificando las recientes excarcelaciones. Hasta el momento registramos 24 nuevas salidas de personas privadas de libertad por razones políticas, las cuales se producen después de la «Ruta de las respuestas pendientes», de la visita de Human Rights Watch al país tras 18 años de expulsión, de la reunión de familiares y expresos políticos con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y del cierre del segundo ciclo de diálogo.

Celebramos estos reencuentros y reconocemos que llegan gracias a la lucha persistente de familiares, amigos, defensores y activistas, que no han dejado de denunciar y documentar la situación de los presos políticos. Su perseverancia es un motor fundamental en la lucha por la libertad y la justicia.

Estas excarcelaciones coinciden con nuevas muertes bajo custodia, como la de Eleiner Sánchez el 27 de septiembre en La Crisálida, y con detenciones de corta duración de personas que asistieron a manifestaciones pacíficas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó estos arrestos breves como una forma de intimidación, lo que apunta a una nueva modalidad de «puerta giratoria».

Agentes de seguridad han obstaculizado además la participación ciudadana en distintas regiones del país. En los últimos meses, despliegues desmedidos de funcionarios han impedido el paso libre de marchas, caravanas y movilizaciones pacíficas de trabajadores, familiares y activistas que reclaman legítimas reivindicaciones.

La mayoría de quienes hoy recuperan el contacto con sus seres queridos no goza de libertad plena. Siguen bajo medidas cautelares y deben presentarse cada mes en Caracas, incluso si viven en otra ciudad, lo que implica traslados costosos y una vigilancia permanente sobre sus vidas. Muchos enfrentan además dificultades para obtener su cédula o pasaporte, y algunos no logran acceder a un empleo formal, lo que compromete su sustento y su reinserción social.

Rechazamos con firmeza estas medidas, que violan sus derechos. Estas personas merecen su libertad plena, más aún cuando algunas sufrieron tratos crueles e inhumanos durante su detención y otras permanecieron presas más tiempo del debido. Nuestro objetivo es, y seguirá siendo, la libertad plena de todos.

Las condiciones carcelarias no han cambiado

Al mismo tiempo, denunciamos que las condiciones en los centros de reclusión siguen siendo las mismas. Muchos presos políticos continúan siendo víctimas de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

No existe atención médica especializada para las personas privadas de libertad. Muchos presos no han recibido la atención médica que necesitan, y 34 de ellos presentan patologías graves. Esta es una realidad con la que tienen que convivir los presos políticos, tomando en cuenta que muchos familiares han interpuesto numerosos recursos para que sean atendidos por médicos especialistas, sin obtener respuesta oportuna.

También nos preocupan las muertes bajo custodia del Estado. El domingo 27 de septiembre falleció Eleiner Sánchez, abogada y exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico. Estaba detenida desde el 6 de diciembre de 2024, tras la intervención de ese penal. Según su familia y organizaciones de derechos humanos, pasó varios días con fuertes dolores pidiendo ser trasladada a un centro asistencial. Solo la llevaron de emergencia desde el Centro para Procesadas Femeninas La Crisálida, dirigido por Angélica Lamuño, al Hospital Victorino Santaella Ruiz, en Los Teques, estado Miranda, cuando presentaba dolor agudo y un cuadro hipertensivo. Allí murió presuntamente por una “obstrucción intestinal severa” que requería cirugía urgente.

Sánchez llevaba 660 días presa y había solicitado la amnistía en abril. Es la segunda mujer que muere en La Crisálida en pocos meses, después de Fabiana Desirée Páez Fernández en junio. Exigimos una investigación independiente, acceso de su familia al informe forense y que se determine la responsabilidad de quienes retrasaron su atención médica.

Su caso se suma a una realidad más amplia: más de 28 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado a lo largo de varios años, en muchos casos porque fueron atendidos en el último momento, cuando ya no podían más. Estas muertes eran evitables y son responsabilidad del Estado, garante de la vida y la integridad de quienes están bajo su custodia.

Aún faltan muchas liberaciones. Frente a El Rodeo I, las madres continúan acampando a la espera de la libertad de todos; hoy suman 263 días durmiendo a las afueras del recinto. Además, las madres, hermanas, esposas, padres, hijos e hijas solo pueden ver a sus seres queridos durante visitas de 15 minutos a través de un vidrio, sin que se les permita abrazarlos. Esta situación también nos preocupa profundamente.

Sumado a esto, aún persisten centros de reclusión como El Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro y Yare tildados como centros de torturas, en los cuales se ha documentado tratos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso, Human Rights Watch exigió el cierre del primero tras documentar casos graves. 

Defender la libertad de los presos y presas políticas es un principio urgente. Por eso exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, incluidas las de corta duración, y de los obstáculos al derecho a la manifestación pacífica; atención médica inmediata y especializada; el fin de la tortura y de los tratos crueles; condiciones de visita dignas; y la libertad plena de todos los presos políticos. 

Desde el CLIPPVE continuaremos acompañando a las familias, documentando cada caso y exigiendo justicia. Saludamos cada excarcelación, pero no olvidamos que aún faltan muchos por liberar.

¡Libertad plena para todos los presos políticos!

Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)

29 de septiembre de 2026