Los familiares de personas detenidas por motivos políticos se congregaron en la plaza Parque Carabobo, al frente de Ministerio Público en Caracas, con el objetivo de entregar documento que detalla las violaciones de derecho humanos que viven los privados de libertad
“Presencia de la esperanza”: familiares de presos políticos no se rinden ante el silencio del Estado
Por
CLIPPVE
Al frente del Ministerio Público, en la plaza Parque Carabobo, familiares de presos políticos se congregaron este martes, 18 de noviembre, para exigir la liberación de personas detenidas por motivos políticos. La actividad también buscó visibilizar las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas ocurridas en los últimos meses.
Durante la jornada, los manifestantes entregaron un documento dirigido al fiscal general, Tarek William Saab, en el que alertan sobre el aislamiento prolongado, la negación de visitas, la falta de medicinas, las restricciones a la atención médica y las amenazas de traslado a cárceles de máxima seguridad contra quienes denuncian torturas o tratos crueles.
Entre las denuncias más urgentes, los familiares reclamaron fe de vida de al menos cuatro reclusos en El Rodeo I, quienes llevan más de diez meses sin contacto alguno con sus parientes.
Al iniciar la primera edición de la manifestación pacífica “Presencia de la esperanza”, que busca no perder la fe y la calma en momentos difíciles, Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), expresó: “Estamos hoy aquí para entregar, nuevamente, documentos al Estado venezolano. Nos encontramos aquí con nuestro grito de ‘Justicia y Libertad: Todos son inocentes, ninguno delincuente’”.
Casanova destacó que, en lo que va de año, la organización ha asistido en más de diez oportunidades al Ministerio Público, junto a los familiares, sin obtener respuesta alguna. Afirmó que continuarán insistiendo en nombre de los más de 800 presos políticos que permanecen en el país.
A su vez, Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas —detenido en El Rodeo I— relató la grave situación que se vive en ese centro de reclusión. Afirmó que cuatro personas están aisladas, desnudas y reciben muy poca comida y agua, lo que supone una grave violación de derechos humanos y de las Reglas Nelson Mandela, cuyo propósito es garantizar la dignidad humana y prohibir la tortura.
“Están cuatro personas aisladas, entre ellos mi hermano Henryberth Rivas, hoy ellos tienen 21 días en aislamiento en el piso cuatro del Rodeo. Las condiciones de este aislamiento es 24 horas esposados, desnudos, con poca alimentación y poca agua”, detalló.
Además de Rivas, también están en situación de aislamiento Antonio Sequea, Juancarlos Monasterios y Rafael Castro.
Ávila explicó que los familiares no pueden ingresar al centro, no se recibe paquetería ni medicamentos. “Ya he denunciado varias veces que mi hermano tiene una situación de diarrea que no para y no pasa. A pesar de los antibióticos y probióticos que hemos llevado, esta situación continúa y es bastante preocupante”.
La activista recordó que en Venezuela continúan detenidos cuatro adolescentes: uno en el estado Lara y tres en La Guaira, así como 170 mujeres privadas de libertad por motivos políticos.
Otra situación alarmante es la de diez personas mayores de 70 años detenidas, muchas de ellas con patologías de salud que no han sido atendidas oportunamente. “También tenemos 90 personas con patologías graves de salud como cáncer, situaciones cardiovasculares, y estos casos no han sido atendidos. Durante este año, lo hemos denunciado y no hemos recibido respuestas”.
“Como familia también somos víctimas”
Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel —detenido desde hace cinco años y seis meses— relató que los privados de libertad “se llevan la peor parte”, pero que los familiares también son víctimas de persecución estatal.
“Somos atacados, acosados y asediados constantemente simplemente por ejercer nuestro legítimo derecho de denunciar, de alzar la voz por ellos que están injustamente presos. Hoy se vive un tema de violencia en contra de los familiares”, indicó.
Aseguró que los allegados sufren humillaciones al entregar las paqueterías en las distintas cárceles: “Esto es como una suerte que depende del ánimo del custodio que te reciba. Constantemente se están cambiando las órdenes de lo que pueden recibir y lo que no”.
Baduel denunció que el 11 de octubre, personas armadas entraron a su residencia, amenazaron al vigilante y violentaron su vehículo. Afirmó que, al acudir a denunciar ante el CICPC, los funcionarios le dijeron que no veían “delito alguno” y que por ello su denuncia no podía ser procesada.
“Acudí el 15 de octubre al Ministerio Público para entregar mi denuncia formal y que se hiciera una investigación, y hasta el día de hoy no hay respuesta. Todos somos víctimas y necesitamos que se avoquen a nuestros casos. Queremos la libertad”, finalizó.
“Mi nieto quedó seleccionado por la OPSU”
Otro de los casos más alarmantes es el de Gabriel Rodríguez, un adolescente de 17 años. Su abuelo, Luis Alberto Méndez, declaró ante los medios que su nieto lleva diez meses detenido en el centro Aristóbulo Istúriz, en el estado Lara.
Contó, al borde de las lágrimas, que el joven fue seleccionado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para cursar Ingeniería Civil en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto. Sin embargo, teme que pierda el cupo si no lo dejan en libertad.
Méndez relató que el día de la detención, el 9 de enero, Gabriel se dirigía al ambulatorio de Cabudare porque se sentía mal, pero fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes afirmaron retenerlo porque tenía “pinta de guarimbero”. Desde entonces, las audiencias han sido aplazadas y la familia vive en incertidumbre.
Tras las declaraciones, los familiares honraron el nombre de la manifestación “Presencia de la esperanza” escribiendo en pañuelos blancos los nombres de personas detenidas por motivos políticos. Al finalizar, las madres afirmaron que continuarán alzando su voz por quienes permanecen encerrados y merecen vivir en libertad junto a sus familias.
La actividad culminó de forma pacífica. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos anunció que, debido a la falta de respuestas, elevarán sus denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la finalidad de encontrar justicia para los más de 900 presos políticos del país.