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Víctor Hugo Quero Navas

El silencio que desaparece: El calvario de Carmen Navas tras el rastro de su hijo

A más de un año de su detención, el Estado venezolano sigue negando el paradero de Víctor Hugo Quero Navas: “Solo pedimos saber dónde está”

Carmen Teresa Navas, de 81 años, vive un calvario que se mide en días de incertidumbre. Desde hace más de 15 meses, desconoce el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas. A pesar de haber recorrido incansablemente pasillos de organismos oficiales y centros penitenciarios en Caracas, el rastro de Víctor Hugo parece haberse desvanecido en la opacidad institucional.

Durante mucho tiempo, las circunstancias de su aprehensión fueron un enigma. Sin embargo, un testimonio comenzó a armar el rompecabezas de su desaparición. A través de un joven que obtuvo su libertad tras estar recluido en el centro de detención El Rodeo I —en el marco del denominado “Caso Cadete”—, Carmen supo que su hijo efectivamente estuvo en ese recinto.

Según este relato, Víctor Hugo fue abordado por funcionarios en diciembre de 2024 en las inmediaciones de Plaza Venezuela, Caracas. Lo que inició como unas supuestas “preguntas de rutina” terminó en una detención de la que nunca regresó.

El testimonio añade una carga emocional devastadora: el joven relató a la señora Navas que Víctor Hugo mantenía la ilusión de pasar las festividades decembrinas con ella. “Mi mamá me esperaba para recibir el Año Nuevo y nunca pude llegar”, fue el mensaje que Quero Navas confió a su compañero de celda. Ese anhelo truncado es hoy el motor de una madre que, a su avanzada edad, no se permite rendir.

La desaparición forzada: Un delito de ejecución permanente

El caso de Víctor Hugo Quero Navas no es solo una irregularidad administrativa; es una grave violación a los derechos humanos que se encuadra en el delito de desaparición forzada.

Al negar información sobre su ubicación, tras existir indicios de que estuvo bajo custodia del Estado (en El Rodeo I), las autoridades incurren en una violación flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece en su Artículo 45:

«Se prohíbe a las autoridades públicas, sean militares, policiales o de cualquier otra índole, proceder a la detención, ocultamiento, confinamiento o a cualquier otra forma de privación de la libertad de las personas mediante la desaparición forzada… El funcionario o funcionaria que reciba la orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciar el hecho».

Asimismo, el Código Penal Venezolano tipifica esta conducta, subrayando que el delito se mantiene mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Al no dar fe de vida ni registrar formalmente su detención ante los tribunales, el Estado venezolano está violando el derecho al debido proceso y a la integridad física.

La angustia de Carmen Teresa suma otra preocupación: Víctor Hugo padece una afección crónica de colon que requiere tratamiento médico especializado. Sin fe de vida ni acceso a medicamentos, su estado de salud es una incógnita alarmante.

Organizaciones como el Comité de Amigos y Familiares de los Presos Políticos (Clippve) han denunciado que el proceso está plagado de anomalías. El 18 de febrero de 2026, Carmen fue citada a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para un extenso interrogatorio. 

Sin embargo, activistas señalan que este procedimiento ocurrió tras el reemplazo del equipo de investigación original, una maniobra que, lejos de ayudar, entorpece la continuidad y retrasa la obtención de respuestas reales.

Un patrón de opacidad

Lo ocurrido con Víctor Hugo no es un hecho aislado. Defensores de derechos humanos advierten que su situación refleja un patrón sistemático de detenciones arbitrarias en Venezuela, donde el silencio oficial se utiliza como herramienta de castigo y control.

Mientras tanto, la salud de Carmen Teresa Navas se deteriora ante el desgaste físico y emocional de su peregrinaje por tribunales y cárceles. No obstante, su determinación permanece intacta. “Lo único que pedimos es saber dónde está”, repite con una firmeza que interpela directamente a un sistema de justicia que, hasta ahora, decide mirar hacia otro lado.

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