Samantha Hernández: La adolescente que el sistema judicial venezolano se niega a liberar
Samantha fue detenida el 19 de noviembre de 2025 mientras estaba en casa de sus abuelos en El Valle, Caracas. Desde entonces, su tía Ruth Molero no ha dejado de pedir justicia para ellas y sus otros familiares detenidos
La vida de Samantha Hernández dio un giro irreversible el 19 de noviembre de 2025. A sus 16 años, mientras la mayoría de los adolescentes de su edad proyectan su futuro académico, ella fue arrastrada al sistema penitenciario venezolano tras una irrupción de funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la vivienda de sus abuelos, en la parroquia El Valle de Caracas.
Lo que comenzó como un procedimiento policial se transformó, según el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, en un caso emblemático de persecución familiar.
La detención de Samantha no parece responder a acciones individuales, sino a una lógica de «Sippenhaft» o castigo colectivo. Esta práctica, denunciada reiteradamente por defensores de derechos humanos, consiste en privar de la libertad a familiares de personas señaladas como opositores para ejercer presión o represalia.
En este caso, el objetivo indirecto sería su hermano, el teniente Cristián Hernández, quien se encuentra en el exilio tras manifestar posturas críticas hacia el gobierno
Cuatro familiares detenidos
El drama de la familia Hernández se extiende como una onda expansiva. Ruth Mariana Molero Espina, tía de la joven, abandonó su vida en Maracaibo para mantener una vigilia permanente a las afueras del centro de reclusión El Rodeo I.
Su exigencia de justicia no es solo por Samantha; es por una cadena de afectos fracturada que incluye a su hijo Arnaldo Castillo y a sus sobrinos Henry Castillo y Aranza Hernández, todos bajo custodia del Estado por su vínculo sanguíneo con el militar exiliado. Ante las acusaciones de financiamiento al terrorismo, Molero cuestiona con amargura la falta de sustento de los cargos, señalando la precaria situación económica de una familia que ni siquiera logra reunir mil dólares, mucho menos financiar actos de desestabilización.
“Estoy pidiéndole a Dios que se pongan las manos en el corazón y que desistan de ese atropello que tienen contra ella”, expresó su tía con tristeza.
Molero solo desea que la vida de Samantha y demás miembros de su familia vuelva a la normalidad. En especial, que la adolescente retome sus estudios porque afirma que está triste, está abatida por no estar estudiando.
Desde la perspectiva jurídica, el proceso contra Samantha ignora las garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).
El artículo 526 de la LOPNNA es taxativo al señalar que la privación de libertad de un adolescente es una medida excepcional y de último recurso, que solo debe aplicarse en casos de extrema gravedad y por el tiempo más breve posible.
Asimismo, el artículo 538 establece el derecho inviolable a la defensa y a un debido proceso que, en el caso de Samantha, parece haber sido vulnerado sistemáticamente.
Durante la audiencia preliminar del 15 de enero de 2026, presidida por la jueza Kelly Núñez, se denunciaron coacciones alarmantes. La defensa pública, representada por Annely Ramos, habría presionado a la adolescente para que admitiera hechos que ella niega rotundamente, intentando forzar una confesión de culpabilidad sobre cargos que ni siquiera le habían sido informados formalmente.
Esta actuación contraviene el principio de justicia especializada para adolescentes, que debería velar por el interés superior del la adolescente y no actuar como un brazo ejecutor de la acusación fiscal.
A pesar de que el país ha transitado recientemente por procesos de amnistía legislativa, el nombre de Samantha Hernández permanece fuera de estos beneficios.
Actualmente recluida en el centro para menores José Gregorio Hernández en Antímano, su situación evidencia una grieta profunda en el sistema de justicia.
Mientras el Estado mantiene la medida de encierro, organizaciones internacionales advierten que procesar a una menor de edad como mecanismo de extorsión política no solo viola la normativa interna, sino que constituye una transgresión directa a los tratados internacionales de protección a la infancia que Venezuela está obligada a cumplir.
