LAS MADRES SE RESPETAN Y LAS VÍCTIMAS SE PROTEGEN

Como Comité de Víctimas, condenamos enérgicamente la escalada represiva contra madres, familiares y defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas de persecución y encarcelamiento por razones políticas en Venezuela. En los últimos días, hemos sido testigos de la profundización de una política de revictimización gubernamental cuyo propósito es silenciar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el país. Alertamos a la comunidad internacional ante este patrón que, lejos de cesar, se afianza.

Cada día, en lugar de detener la violencia estatal contra madres, mujeres, niños, ancianos, defensores, estudiantes, periodistas, activistas y trabajadores, las instituciones del Estado amplían la impunidad y agravan la indefensión de las víctimas. Esto quedó demostrado el pasado martes 5 de agosto, cuando las fuerzas policiales se retiraron de los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para permitir que colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores que participaban en una vigilia pacífica. Esa jornada tenía como fin exigir que el máximo tribunal pusiera fin al ciclo de injusticia que mantiene encarceladas a personas detenidas arbitrariamente desde hace más de un año, en el contexto de la represión masiva desatada tras las manifestaciones espontáneas en rechazo a los resultados electorales anunciados por el CNE el 28 de julio de 2024 y que aún no ha terminado.

A golpes, con disparos y bajo insultos de “fascistas” y “traidoras de la patria”, se reprimió a mujeres y familiares de presos políticos que ejercían su derecho a la protesta pacífica. A esto se suma la negativa de la Fiscalía y de los cuerpos de investigación a recibir las denuncias, así como la detención arbitraria, este viernes 8 de agosto, de una de las víctimas —la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, hoy en desaparición forzada— luego de participar en una manifestación de solidaridad con las madres agredidas, frente a la ONU en Caracas. El TSJ, pese a contar con cámaras de seguridad que registraron el hecho de agresión en sus instalaciones, no ha identificado ni procesado a los responsables. Tampoco existe pronunciamiento del Ministerio Público rechazando esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos.

Estos actos constituyen una atrocidad sin precedentes en nuestra historia contemporánea, ni siquiera comparable con lo ocurrido en dictaduras como la de Pinochet o Videla, donde, aunque hostigadas y vigiladas, las Madres de Plaza de Mayo no fueron golpeadas ni humilladas físicamente por exigir justicia.

Está agresión exige mantener el más firme y unánime repudio de todos los sectores que creen en el respeto irrestricto a la dignidad humana, así como de los pueblos y gobiernos del mundo que defienden este principio frente a la barbarie. No se trata de un hecho aislado: el uso de grupos armados para reprimir la protesta y la detención arbitraria de defensores de derechos humanos forman parte de un patrón que investiga la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad de persecución en Venezuela. Los hechos no se borran aunque se nieguen en declaraciones desde La Haya.

A las madres se les respeta, a las víctimas se les escucha y se les protege. Golpearlas, encarcelar a quienes muestran solidaridad y perseguir a quienes denuncian la violencia estatal es un acto de cobardía y una muestra del miedo que siente un sistema cuando la verdad sobre su crueldad queda expuesta.

Como madres, familiares, amigos, defensores, víctimas de la represión en Venezuela, seguiremos denunciando y exigiendo justicia. El amor por nuestros seres queridos sometidos a un encarcelamiento injusto no se apaga: se fortalece con cada acto de maldad, porque sabemos que la mentira nunca podrá vencer a la verdad. El chantaje, la manipulación y el terror no tienen efecto para siempre. No nos arrebatarán el derecho a vivir con libertad, justicia y dignidad.

Llamamos nuevamente al país a acompañar y sostener la causa de los presos políticos, a no permitir que se silencien estos abusos y a mantener viva la denuncia. Exigimos al Estado venezolano la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas, que cese la represión y garantice los mismos derechos humanos que demanda para los migrantes venezolanos en el exterior, incluyendo el respeto al derecho a la protesta pacífica y el acceso a la justicia.

Instamos a las Naciones Unidas, a sus órganos e instancias —especialmente a la Oficina del Alto Comisionado y a la Misión de Determinación de los Hechos— a seguir documentando y visibilizando ante el mundo lo que ocurre en Venezuela, pronunciándose con firmeza y exigiendo que el Estado ponga fin a la violencia institucional.

Convocamos a toda la sociedad venezolana, y especialmente a las mujeres, a denunciar y rechazar esta violencia de género ejercida por un Estado machista que pretende presentarse como defensor de la igualdad.

Hoy quieren callar a las mujeres que resisten por su fuerza, por su valentía, por ser luz en medio de la oscuridad del país. Mantengamos viva esa llama con la denuncia. Denunciar es resistir. Acompañar es sanar. Nombrar lo que ocurre es impedir que lo destruyan todo. 

Hoy más que nunca:

Las madres se respetan.

Las víctimas se protegen.

La libertad no se detiene.

Y la esperanza seguirá alumbrando, incluso en la noche más oscura.

Comité por la Libertad de Los Presos Políticos (Clippve).

#CanonizaciónSinPresosPolíticos #LibertadParaTodos

9 de agosto de 2025