CLIPPVE valora la renovación de los mecanismos de la ONU y reitera que la libertad de todos los presos políticos sigue pendiente

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) valora la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de renovar hasta 2028 los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH). La resolución se aprobó el 6 de octubre con una votación histórica de 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra.

Desde 2019, la Misión ha documentado graves violaciones cometidas desde 2014, algunas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y ha ayudado a identificar estructuras, cadenas de mando y responsabilidades. Hace pocas semanas advirtió que, pese a algunos cambios recientes, el aparato represivo permanece intacto. Mientras sigan las detenciones arbitrarias, la falta de independencia judicial y las restricciones sobre personas excarceladas, el escrutinio internacional seguirá siendo necesario. Cualquier salida a la crisis será más sólida si coloca a las víctimas en el centro y si los avances políticos no se construyen sobre la impunidad ni el olvido.

Los presos políticos militares también tienen derecho a la libertad

CLIPPVE respalda el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a liberar de forma inmediata e incondicional a los integrantes y exintegrantes de la FANB y de otros cuerpos de seguridad detenidos por motivos políticos. Según organizaciones de la sociedad civil citadas por la Comisión, hasta el 20 de septiembre eran al menos 196, entre ellos ocho mujeres y al menos 14 personas que presentarían condiciones graves de salud. La CIDH expresó además extrema preocupación por denuncias de muertes bajo custodia, incomunicación, restricciones de visitas y falta de atención médica.

La condición militar de una persona no reduce sus derechos ni justifica la tortura o la detención arbitraria, y la jurisdicción penal militar tampoco puede usarse como instrumento de represalia. Esta exigencia es inseparable de otra más amplia: civiles y militares, dirigentes políticos y sociales, estudiantes, trabajadores, periodistas y defensores de derechos humanos tienen la misma dignidad y merecen las mismas garantías.

Excarcelación no es libertad

Muchas personas que han salido de prisión siguen sometidas a procesos judiciales, presentaciones periódicas y prohibiciones de salida del país. A esto se suma la ausencia de información oficial verificable sobre quiénes permanecen detenidos, quiénes fueron excarcelados y cuál es la situación procesal de cada uno. Las familias tienen derecho a saber.

Por ello, CLIPPVE exige:

1. Libertad inmediata, plena e incondicional para todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, civiles o militares, y cese de los procesos y restricciones contra las excarceladas.
2. Fin del uso de la privación de libertad y de la jurisdicción penal militar como mecanismos de persecución.
3. Publicación de información oficial, transparente y actualizada sobre personas detenidas, excarceladas y procesadas por motivos políticos.
4. Condiciones dignas de reclusión, atención médica oportuna y comunicación regular con familiares y abogados.
5. Investigación independiente de las denuncias de tortura, desaparición forzada y muertes bajo custodia, con determinación de responsabilidades y reparación.
6. Cooperación plena con la Misión, la OACNUDH y los demás mecanismos internacionales de protección.

Para CLIPPVE, cualquier camino hacia la normalización democrática y la reconciliación debe empezar por una medida concreta e impostergable: que no quede ningún preso político y que ninguna víctima sea obligada a escoger entre justicia y futuro.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)

08 de octubre de 2026