Cinco años de la muerte de Raúl Isaías Baduel bajo custodia del Estado: “No queremos ver morir a nadie más en las cárceles”

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) recuerda hoy, a cinco años de su fallecimiento, al general y exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Baduel permanecía privado de libertad desde 2009.
En su momento, las autoridades atribuyeron su muerte a una complicación derivada del covid-19. Su familia puso en duda esa versión desde el primer momento. Durante estos cinco años ha buscado respuestas y justicia, sin que el Estado haya ofrecido una explicación creíble ni una investigación independiente y transparente. Su lucha continúa por su padre, por su hermano Josnars Adolfo Baduel, quien cumple seis años detenido, y por todos los presos políticos en el país, que superan los 400.
En ese contexto, el CLIPPVE tiene registro de 34 presos políticos con patologías graves que no han recibido atención médica especializada, pese a las reiteradas solicitudes de sus familiares. Su situación revela que el caso Baduel no es un hecho aislado: los expone a un riesgo real de morir y se suma a los más de 25 casos de personas presas por motivos políticos que han muerto bajo custodia del Estado.
Uno de los casos más recientes y dolorosos es el de Víctor Hugo Quero Navas, detenido a comienzos de 2025 y recluido en El Rodeo I. Durante más de un año, su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió cárceles, tribunales y despachos públicos para saber dónde estaba su hijo, sin recibir información verificable. Un tribunal rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la familia, y las autoridades no le permitieron verlo. Fue en mayo de 2026 cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios reconoció su muerte, ocurrida —según la versión oficial— en julio de 2025, y señaló que había sido sepultado sin que su familia lo supiera.
Carmen Navas falleció diez días después de conocer la noticia. Las explicaciones oficiales sobre la causa y la fecha de la muerte han sido cuestionadas por la familia, por organizaciones de derechos humanos y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que expresó su “grave preocupación” por el caso.
Una crisis carcelaria documentada
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, junto con otros organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, ha advertido que la situación carcelaria en Venezuela es crítica y que los presos políticos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el Centro de Detención El Rodeo I, en Guatire, en el estado Miranda, persisten las restricciones en la entrada de alimentos. Los detenidos duermen en camas de cemento y comparten una letrina. Estas condiciones contravienen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que establecen, entre otros aspectos, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles (Regla 1), el derecho a una alimentación adecuada (Regla 22), a condiciones de alojamiento y saneamiento dignas (Reglas 13 y 15) y a una atención de salud equivalente a la disponible en la comunidad, incluido el traslado a centros especializados cuando es necesario (Reglas 24 y 27).
La obligación del Estado de garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad también se desprende de la Constitución de la República, la Convención contra la Tortura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las que Venezuela es parte.
Nuestro llamado
No queremos ver morir a nadie más bajo la custodia del Estado. Es necesario y urgente que las condiciones de reclusión mejoren, más aún ahora que el país atraviesa un cambio enmarcado en el diálogo y una transición. Por ello exigimos:
- Atención médica especializada, inmediata y gratuita para los 34 presos políticos con patologías graves, con evaluaciones de médicos de confianza de las familias.
- Una investigación independiente, imparcial y pública sobre la muerte del general Baduel y las demás muertes bajo custodia, con sanción de los responsables.
- Condiciones dignas de reclusión, con alimentación suficiente, acceso a agua y saneamiento adecuados, conforme a las Reglas Mandela.
- Acceso regular de los detenidos a sus familiares y abogados de confianza.
- Acceso de mecanismos internacionales de monitoreo a los centros de detención.
- La liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluido Josnars Adolfo Baduel.
Un proceso de diálogo y transición solo será creíble si pone en el centro la vida, la salud y la libertad de los presos políticos. La vida de estas personas está en peligro y es urgente actuar.
Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE)
12 de octubre de 2026

