Salud y vida bajo custodia: situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela
Por
CLIPPVE
El informe Salud y vida bajo custodia. Situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela, publicado por Amnistía Internacional Venezuela, documenta la situación de 37 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos que presentan patologías graves, a partir de información recopilada y suministrada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE).
Un problema de salud, protección y derechos humanos
El informe se publica en un contexto en el que cientos de personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela. Amnistía Internacional informó que, para el 16 de abril de 2026, al menos 485 personas permanecían en esta situación y, tras los terremotos de junio, reiteró su llamado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y proteger de manera efectiva a quienes continuaban bajo custodia, con especial preocupación por las condiciones reportadas en El Rodeo I.
En este escenario, la situación de quienes además enfrentan enfermedades graves plantea una urgencia adicional. Una persona privada de libertad depende de las autoridades para acceder a medicamentos, exámenes, especialistas, tratamientos y traslados que no puede procurarse libremente. Por ello, el Estado asume un deber reforzado de protección de su vida, integridad personal y salud mientras permanezca bajo custodia.
Los 37 casos analizados incluyen enfermedades oncológicas, renales, cardiovasculares, neurológicas, infecciosas, respiratorias y ginecológicas, además de afecciones de salud mental, lesiones y pérdidas funcionales. En algunos registros se reportan tratamientos ausentes, procedimientos pendientes o necesidad urgente de atención médica.
¿Qué muestra el informe?
Una de las principales constataciones es la concentración de los casos documentados en determinados centros de reclusión. El Rodeo I reúne 14 de los 37 casos (37,9 %); Ramo Verde, seis (16,2 %); y Fuerte Guaicaipuro y el Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), cuatro casos cada uno (10,8 %). En conjunto, estos cuatro centros concentran 28 casos, equivalentes al 75,7 % del universo documentado.
El informe identifica además situaciones que requieren protección reforzada. De las 30 personas cuya edad se encuentra disponible, seis tienen 60 años o más. También se documentan enfermedades avanzadas o degenerativas, deterioro neurológico, pérdida de movilidad, discapacidad y situaciones relacionadas con la salud mental que requieren evaluación y atención especializada.
Los casos fueron analizados como información reportada y no como diagnósticos médicos verificados independientemente. El informe tampoco pretende establecer una comparación de gravedad entre las personas ni presentar sus resultados como representativos de toda la población detenida por motivos políticos en Venezuela. Esta precisión permite dimensionar adecuadamente sus hallazgos: se trata de 37 casos individualizados que permiten identificar necesidades concretas de protección y atención.
¿Por qué es importante?
La importancia del informe está en que coloca la salud y la vida de las personas detenidas en el centro de la discusión sobre las detenciones arbitrarias por motivos políticos. No presenta las patologías como una cuestión separada de la privación de libertad, sino que examina qué obligaciones surgen para el Estado cuando una persona enferma depende completamente de sus custodios para recibir atención.
Además, convierte la documentación de casos individuales en una herramienta para exigir respuestas concretas. Los estándares internacionales analizados establecen que las personas privadas de libertad deben recibir atención sanitaria adecuada, oportuna y sin discriminación, así como acceso a personal especializado, medicamentos, exámenes y traslados cuando sean necesarios.
El documento hace también una distinción fundamental: la atención médica y la libertad responden a obligaciones relacionadas, pero diferentes. La atención médica adecuada debe garantizarse inmediatamente mientras una persona permanezca bajo custodia; pero un tratamiento, un traslado hospitalario o cualquier otra medida sanitaria no sustituyen la obligación de poner fin a una detención arbitraria.
Principales medidas solicitadas
Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional de las 37 personas documentadas, junto con el levantamiento de restricciones indebidas sobre sus derechos y garantías de recursos efectivos y reparación. Mientras permanezcan detenidas, exige evaluaciones médicas integrales e independientes, acceso a especialistas, traslados hospitalarios cuando estén clínicamente indicados, realización de exámenes y procedimientos pendientes, continuidad de tratamientos y medicamentos, acceso a profesionales de la salud de confianza y atención diferenciada para quienes requieren protección reforzada.
También plantea la investigación pronta, independiente e imparcial de las situaciones que generen preocupación sobre la integridad de las personas detenidas y exige condiciones de reclusión compatibles con la dignidad y las obligaciones internacionales del Estado.
Salud y vida bajo custodia aporta así documentación concreta para una exigencia urgente: ninguna persona debe ver agravada una enfermedad por permanecer bajo custodia del Estado. La privación de libertad no suspende el derecho a la salud y, cuando la detención es arbitraria, garantizar atención médica es una obligación inmediata, pero no reemplaza la obligación de garantizar la libertad.